La preocupación por la contaminación en las grandes ciudades es cada vez más palpable. Tanto es así que cada vez más gobiernos deciden restringir la circulación de vehículos en periodos en los que la polución ambiental supera los límites, e incentiva los medios de transporte públicos o alternativos (como la bicicleta). Anteriormente, Madrid también había anunciado su decisión de restringir el tráfico a vehículos contaminantes, a partir de 2020.
Barcelona va más allá y ha anunciado que, a partir de enero de 2019, los coches matriculados antes de 1997 y las furgonetas anteriores a 1994 tendrán prohibido el paso a la ciudad y a otros 39 municipios del área metropolitana. Esta medida, anunciada por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, busca reducir en los próximos cinco años las emisiones del tráfico en un 10%.
La decisión ha sido presentada en el marco del primer gran encuentro sobre contaminación en el área metropolitana de la Ciudad Condal, en el que han fijado un plazo de quince años para disminuir la contaminación de manera paulatina hasta alcanzar los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La restricción afectará a algo más de 106.000 turismos, el 7% del parque móvil, y unas 22.050 furgonetas (16%), a los que se considera tan contaminantes como diez vehículos de combustible fósil. Para fomentar la retirada de estos coches, el gobierno barcelonés creará una tarjeta que proporcionará tres años de transporte público gratuito a aquellos que den de baja su vehículo contaminante y no adquieran uno nuevo.
Pero la iniciativa no se queda ahí. Los impulsores tienen previsto prohibir la circulación a todos los turismos que no reciban el distintivo ambiental de la DGT (de gasolina matriculados antes del año 2000 y diésel antes de 2006) en el espacio de las Rondas de Barcelona a partir de diciembre de 2017 si los niveles de polución son elevados, y empezarán a desarrollar otras propuestas para prohibirlos a partir de 2020.
Además, tiene previsto negociar los horarios de los trabajadores públicos para que las salidas y las entradas se hagan de manera escalonada y no se produzcan retenciones. Según el consejero, este acuerdo tiene el único objetivo de mejorar la vida de los barceloneses y sus vecinos a través de una buena calidad del aire.
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