El impuesto al diésel, o más concretamente la subida de los impuestos que gravan al gasóleo, ha sido un tema recurrente en los últimos años. De hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez se había propuesto armonizar definitivamente los impuestos del gasoil y la gasolina -con una diferencia cercana a los 10 céntimos por litro- a partir de 2021, gracias al apoyo de sus socios de gobierno.
Sólo la negativa de los nacionalistas vascos -cuyos votos necesitaba el PSOE para aprobar los presupuestos de 2021- a aceptar la subida del diésel impidió que finalmente la iniciativa saliese adelante; pero el fin de la bonificación -actualmente de 9,55 céntimos de euro por litro– con que cuenta el diésel es sólo cuestión de tiempo: la cuestión no es si ocurrirá… sino cuándo. ¿Por qué se quiere gravar el diésel? ¿Cómo afectará a los transportistas? Veámoslo en detalle.
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¿Por qué se quieren subir los impuestos al diésel?
Aunque hay razones de peso para aumentar la fiscalidad del diésel solamente desde el punto de vista de la recaudación que supondría para las arcas públicas, el principal motivo que hay detrás de esta medida es un cambio en las políticas y estrategias de transporte a nivel europeo.
En los años 80 las políticas europeas apostaron por el transporte de mercancías por carretera, y se buscó ayudar a empresas y profesionales de este sector reduciendo los costes que soportaban por compra de combustible incentivando el diésel, el principal carburante utilizado por los transportistas. Incluso inicialmente se apostó por el diésel como un combustible menos contaminante y más económico debido a su menor consumo por kilómetro.
En los últimos años la estrategia de transporte europea está sin embargo apostando de nuevo por el ferrocarril para el traslado de mercancías entre países miembros; y la necesidad de reducir las emisiones de gases invernadero y la contaminación, especialmente en las ciudades, ha puesto en el ojo del huracán al diésel por sus emisiones de micropartículas y óxidos de nitrógeno, muy perjudiciales para la salud, según han demostrado varios estudios.
Estos son los principales motivos que han llevado a que en toda Europa se tienda a la paridad en la carga fiscal que soportan la gasolina y el diésel, e incluso a gravar más este último para desincentivar su uso y la compra de vehículos que usen este combustible. Muchos fabricantes de hecho están dejando de comercializar motores diésel, y las ventas de este tipo de vehículos han caído notablemente.
En España vamos con retraso con respecto a otros países, y la UE ya ha conminado en más de una ocasión al gobierno español a que equipare la carga fiscal sobre ambos combustibles, por lo que es sólo cuestión de tiempo que se produzca, si bien muchos políticos son reacios a esta medida por el impacto que tendría en los profesionales y empresas del transporte por carretera.
Subida, ¿para cuándo?
Que la subida no comenzase a aplicarse en 2021 ha sido meramente, como hemos visto, una cuestión de política y una victoria a corto plazo para los que la rechazan; en cualquier caso, hay que tener en cuenta que la subida sería gradual a lo largo de varios años: de hecho, para 2021 el Ejecutivo planeaba un aumento de 3 céntimos por litro. Incluso aunque se equiparase el precio, un vehículo de gasolina seguiría pagando más, ya que gasta más litros por kilómetro.
Pese al aplazamiento de la medida, es una certeza que el tema volverá a salir nuevamente a la palestra política en los próximos años, y parece inevitable que el diésel acabe perdiendo las bonificaciones fiscales que venía disfrutando toda vez que en el resto de Europa es una medida ya muy extendida. En Francia de hecho ya se han impuesto prohibiciones a la circulación de los vehículos diésel en varias ciudades.
En España, a falta de unas directrices europeas comunes que establezcan el fin del diésel, es probable que este tipo de medidas tarden más en llegar, más con un parque automovilístico tan envejecido y cuando 2/3 de los vehículos de segunda mano son de motor diésel, por lo que es de prever que tengamos diésel aún para muchos años. Pero está claro que la equiparación de los impuestos al diésel con los de la gasolina llegará, más pronto que tarde, a lo largo de esta década.
Siendo así, mejor que sea de forma progresiva y no de golpe para que las empresas y los profesionales puedan adaptarse, contando con ayudas e incentivos estatales para evitar el descalabro económico de un sector para el que el coste del combustible es vital. En todo caso, mientras el diésel no se prohíba en el transporte por carretera -y para eso aún quedan muchos años- un camión diésel seguirá siendo más rentable que uno de gasolina, sólo que costará más tiempo amortizarlo.
¿Qué impacto tendría la subida del diésel en los transportistas?
Como es lógico la idea de acabar con las bonificaciones al diésel es un tema que preocupa y mucho a todo el sector del transporte. Las asociaciones de transportistas ya han advertido al gobierno que elevar el coste del diésel afectaría gravemente a una parte importante de los profesionales del sector que quedan fuera de la regulación vigente sobre el gasóleo profesional, y que son principalmente pequeñas empresas o autónomos.
Concretamente una subida del precio del gasóleo afectaría sobre todo a los transportistas con vehículos inferiores a 7,5 toneladas: se trata como hemos dicho de profesionales autónomos, que constituyen prácticamente un tercio del conjunto de la flota de transporte de nuestro país; es decir, unos 130.000 vehículos dedicados al transporte de mercancías que tendrían que hacer frente al gasto extra que supondría el aumento del precio de su combustible de trabajo.
Ante este grave problema, desde las asociaciones profesionales del sector del transporte se está reclamando al Ejecutivo para que, antes de llevarse a cabo una subida del impuesto al diésel, se modifique antes la normativa actual sobre el gasóleo profesional para que puedan beneficiarse también los vehículos y transportistas más pequeños, que son también los más vulnerables.